La primavera pasada la Asamblea Legislativa de Texas aprobó una nueva ley, conocida como HB3, la cual requiere que los distritos escolares de Texas tengan por lo menos un oficial de seguridad armado en cada plantel escolar durante el horario de clases.
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La definición de “oficial de seguridad armado†de acuerdo al proyecto de ley incluye varias opciones. Puede ser un oficial de la policÃa del distrito escolar, o un oficial de recursos escolares (también conocido como policÃa asignado a la escuela -SRO, por sus siglas en inglés) o puede ser también un “oficial de paz†quien haya sido comisionado para servir como personal de seguridad.
El panorama completo: El Departamento de PolicÃa del 91´ô¸ç cuenta con 82 policÃas de tiempo completo. Este grupo incluye oficiales de patrulla, un equipo de detectives y un equipo de SROs (Oficiales de Intervención para momentos de crisis).
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Actualmente 91´ô¸ç cuenta con dos SROs en cada escuela preparatoria y uno en cada secundaria. Las primarias son diferentes. El equipo de patrulla sólo está como apoyo para las necesidades de patrullaje alrededor de las primarias. Pero esos oficiales - actualmente - no son parte de dichos planteles.
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91´ô¸ç tendrÃa que contratar a más de 70 SROs para que cumplir con la ley y para poder tener un oficial en cada una de las 78 escuelas primarias del distrito. Además, deberá contratar al personal de apoyo para estos oficiales.
En dónde vamos: De acuerdo a la ley, el 91´ô¸ç podrÃa considerar tener maestros armados o podrÃa armar a otros empleados aparte de los del Departamento de PolicÃa del 91´ô¸ç. Pero el distrito escolar NO quiere hacer eso. ¿Porqué?
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Porque en 91´ô¸ç entrenamos a nuestros oficiales para que trabajen con niños y jóvenes. Además, les damos capacitación especializada para emergencias de salud mental, intervención en casos de crisis; también reciben entrenamiento para reducir la intensidad de las situaciones y para tener competencia cultural.
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Los oficiales del 91´ô¸ç pasan por una revisión exhaustiva de sus antecedentes penales que incluye, huellas dactilares, pruebas de detección de drogas y evaluaciones psicológicas.
Qué puede esperar la comunidad: El proceso descrito anteriormente (revisión de antecedentes penales y capacitación de posibles candidatos) toma aproximadamente seis meses. Asà que - aunque debemos cumplir con la ley - nos va a tomar tiempo para que los oficiales nuevos estén listos para servir en nuestras escuelas.
Según las cifras: Las posibles nuevas contrataciones le costarÃan al 91´ô¸ç alrededor de $8 millones por año, además de los otros costos que incluyen la compra de equipo para estos oficiales.
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La nueva ley provee $15,000 por cada escuela y $10 adicionales por cada estudiante. Para el 91´ô¸ç, eso representa alrededor de $2.5 millones, pero esta obligación estatal nos deja en números rojos. Estamos hablando de aproximadamente $5.5 millones por año.
Cuál es el siguiente paso: La mesa directiva del 91´ô¸ç en su junta informativa de anoche discutió opciones para poder cumplir con la nueva ley.